Adiós, cigüeña, digo Grecia, adiós

Escrito por Julián P. en El circo del euro

En los últimos días se habla cada vez más abiertamente de la posibilidad de que Grecia abandone el euro. La causa aducida ahora es que el resultado de las últimas elecciones celebradas en el país lo han convertido  en ingobernable. 

No importa cual sea el nuevo motivo alegado, el abandono por parte de Grecia del euro estaba cantado desde hace mucho. Lo único que se ha pretendido con los denominados planes de “rescate” (¡qué gran nombre!) ha sido ganar tiempo para poder transferir la mayor cantidad de recursos públicos que resulte  posible a los acreedores privados tenedores de la deuda griega, fundamentalmente bancos alemanes y franceses. Recursos públicos procedentes del BCE, FMI y otros países de la zona euro -incluyendo paradójicamente a España, que a pesar de la más que lamentable situación de sus finanzas públicas, ha sido obligada a participar también en los préstamos concedidos al Estado griego-.

A la economía griega se la ha estrujado literalmente, imponiéndole, mediante el miedo y la amenaza, unos sacrificios crecientes que –a semejanza del caso español con los recortes- cada vez que eran puestos en práctica resultaban insuficientes de manera inmediata, en una espiral sin fin y sin sentido que, lejos de arreglar la situación, no ha hecho más que empeorarla. 

Porque el mecanismo de los falsamente denominados “rescates” es bien simple y quizás convenga repasarlo una vez más, como recordatorio del perverso plan que los sectores políticos neoliberales europeos, liderados por Merkel, nos están imponiendo a los ciudadanos. 

Como es bien sabido, la pertenencia a la zona del euro implica que los Estados de la moneda única renuncian a su soberanía monetaria en favor del Banco Central Europeo (BCE). En otras palabras, los países del euro no pueden emitir dinero ni fijar los tipos de interés de acuerdo con sus necesidades. 

El Estado griego –como cualquier otro de la zona del euro- tiene en esta situación tres vías para obtener recursos con los que hacer frente a sus obligaciones de pago: recaudar impuestos, endeudarse o vender activos de su propiedad. 

A su vez, las principales obligaciones de pago por parte del Estado griego son: pagar los sueldos de los funcionarios, financiar los distintos servicios públicos, realizar las correspondientes transferencias (pensiones, prestaciones por desempleo) y hacer frente al servicio de la deuda. 

Una situación crónica de insuficiencia recaudatoria no resuelta y por tanto sostenida en el tiempo lleva a una creciente endeudamiento, financiado en su mayor parte por las instituciones financieras alemanas y francesas. A partir de cierto momento la situación se hace insostenible para el Estado griego y al hacerse públicas las dificultades, a Grecia le resulta imposible obtener financiación en los mercados a precios razonables (su prima de riesgo llegó a estar por encima de los 3.200 puntos básicos en vísperas del segundo rescate). 

La situación parece abocar en esos momentos a la quiebra de Grecia, consecuencia de la cual los bancos privados alemanes y franceses experimentarían enormes pérdidas, pues todas sus tenencias de deuda griega automáticamente se convertirían en papel mojado absolutamente carente de valor. 

Para evitarlo, se urde una maquiavélica maniobra que (eufemísticamente denominada “rescate”) pretende conseguir a cualquier precio que los inversores privados, como decimos principalmente formados por bancos franceses y alemanes y que habían venido obteniendo hasta entonces jugosos beneficios de sus inversiones en deuda griega, minimicen sus posibles pérdidas a través del archiconocido mecanismo consistente en transferir recursos desde el sector públicos al sector privado. Una vez más, la manida socialización de pérdidas, solo que en este caso, a nivel europeo. 

Con dicho fin, en mayo de 2010 se decide una primera operación de ayuda con la intervención del BCE y FMI por importe de 110.000 millones de euros a un tipo de interés del 5% . Como hemos dicho, la finalidad principal de dichas ayudas es pagar a los acreedores privados de Grecia con el dinero entregado por las mencionadas instituciones públicas. 

Pronto se hace evidente que la magnitud del problema es tal y la carga impuesta a Grecia en forma de rápida y profunda reducción del déficit tan insoportable que será necesario poner más dinero –recordemos, es dinero publico- mediante un segundo plan por el que Grecia recibirá 130.000 millones de euros más, en el que, como ya dijimos, de forma paradójica participa España. En dicho plan se incluyen dos medidas importantes; por un lado, se rebajan, con carácter retroactivo, los intereses anteriormente pactados, que se fijan en el 1,5% y por otro se obliga a los acreedores a aceptar una quita del 53,5% de su deuda. Pero recordemos que ya es más que evidente que, más pronto que tarde, Grecia dejará de pagar, abandonando el euro. A pesar de ello el plan se aprueba, pues como ya hemos dicho, su finalidad es entregar, de forma indirecta, eso sí, dinero público a los bancos privados que voluntariamente asumieron el riesgo de invertir en deuda griega a cambio de un beneficio que naturalmente quedaba en sus bolsillos mientras el tinglado griego se sostuvo en pie. 

De esta forma, el dinero público entregado al Estado griego por las instituciones y gobiernos europeos y por  el FMI, que se financia también con aportaciones gubernamentales, sigue pasando de forma ininterrumpida a manos de la banca privada alemana y francesa, a sabiendas de que ese dinero público con toda probabilidad será muy difícil - si no imposible- que se recupere. La situación es tan descarada que a pesar de que las elecciones griegas han convertido el país en prácticamente ingobernable y que en todo caso si se llegara a formar gobierno la posibilidad de que decidiera abandonar la moneda única y en consecuencia Grecia dejara de pagar es elevadísima, hasta esta misma semana se siguen aprobando entregas de nuevos fondos correspondientes al segundo plan de rescate, cuando parecería razonable interrumpirlas al menos hasta ver lo que resulta. Todo para que los acreedores privados puedan seguir recibiendo hasta el último euro de dinero público que resulte posible.

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