Banco malo

Escrito por Juan Ignacio de Juan en El Economista Perplejo 

Una vez más dedico una entrada al sector financiero de la economía, principal obstáculo a la recuperación por ser el oferente de liquidez del sistema y, por lo tanto, el actor principal en la inversión. Porque el sector financiero español sigue generando dudas, aun cuando se ha intentado todo para que se saneara. Las últimas, los 50.000 millones de ajuste en dos años, más la liquidez a tres años dada por el BCE, no van a servir para sanear un sector que muestra signos de parálisis total.

Y el principal problema del sector financiero de una economía moderna es que es el oferente único de liquidez para el sistema. Es quien presta el dinero que toma prestado de otros actores. Y eso, en Europa, es un gran problema ya que nuestro BCE no tiene atribuciones que si tienen otros bancos centrales, por ejemplo la FED: ser el prestamista de última instancia, es decir, poder prestar dinero directamente a los gobiernos. Cuando la economía entra en fase crítica, en septiembre de 2008, la FED implementa varias medidas que, desde mi punto de vista, han sido cruciales para mejorar la situación en EE.UU. aunque haya sido sólo levemente: en primer lugar, establece las famosas facilidades de crédito al gobierno, las famosas QE, prestando más de un billón de dólares; en segundo lugar, bajó los tipos de interés a una horquilla de entre 0 y 0,25%; y, en tercer lugar, estableció un sistema de compra de pagarés a las empresas. De esa forma puso en el mercado una gran cantidad de dinero que permitió financiar el sistema, con lo que la caída se amortiguó.

En Europa, mientras, el BCE subió tipos (hasta el 1,5%) y se dedicó a abrir ventanillas para que los banco fuesen a pedir dinero. Cada ventanilla que abría se mostraba más imperfecta y no provocaba un incremento del crédito. Como no puede prestar a los gobiernos, la deuda pública tenía que ser vendida a terceros con lo que los intereses crecieron de forma continua, especialmente en los países con problemas. Por lo tanto, no sólo no mejoró la liquidez del sistema sino que provocó indirectamente la crisis de deuda.

Por lo tanto, a diferencia de EE.UU., en Europa no hemos establecido un sistema alternativo, aunque fuese limitado, de financiación del sistema; siguen siendo los bancos quienes tienen que proveer de fondos a las empresas. Y como lo bancos están como están, sólo buscan dar crédito a las empresas que más solvencia presenten, de forma que aquellas que están en una buena situación, aunque no excelsa, no pueden acceder al crédito con lo que rápidamente se deteriora su activo y terminan cerrando despidiendo al personal e incrementando los problemas. Es decir, empresas con beneficios y una estructura de balance razonable no tiene acceso al crédito con lo que al final suspende pagos y paran la actividad.

Al principio de la crisis propuse que el ministerio de economía tutelase, mediante exenciones fiscales, un sistema alternativo de préstamos entre empresas de forma que aquellas que tuvieran exceso de liquidez lo prestasen mediante contratos privados a las que tuvieran necesidades. Se propuso otro sistema más ortodoxo: el ICO acudiría a prestar el dinero. Pero el ICO actúa con los bancos, por lo que al final son éstos quienes daban el visto bueno a las operaciones. Y, lógicamente, mantenía sus criterios. En fin, que no funcionó.

Entonces, ¿qué hacer? He pensado mucho en este problema, dado que es de vital importancia solucionarlo a corto plazo, y siempre llego a la misma conclusión: habría que nacionalizar la banca, limpiarla de problemas y volverla a vender. Pero eso, después de haber puesto encima de la mesa casi 300.000 millones para sanearla y de no haber obtenido ninguna solución, parece que no es lo más apropiado. Por lo tanto, paso al plan B: crear un banco malo.

Un Banco Malo puede ser hasta rentable si lo gestionamos bien. ¿En qué consistiría mi propuesta? La banca, como última acción posible para su saneamiento, vendería todos sus activos inmobiliarios deteriorados a una sociedad que los gestionaría a partir de ese momento. Se trataría de todos aquellos activos que la banca considerase y, necesariamente, todos aquellos que se encuentren provisionados en sus balances en cualquier nivel. Se trataría de la última oportunidad para actuar de esta manera, ya que a partir de ese momento el gobierno no actuaría más que con la nacionalización a coste cero para los contribuyentes y la liquidación de los activos que adquiriese. Debe quedar claro que ya no se volvería a intentar salvar los muebles de ningún gestor y que los bancos, desde este preciso momento, asumen todas las deudas con sus propios activos.

La clave de este proceder sería el precio de los activos. Se puede optar por dos estrategias: una, comprarlos al precio que reflejan en el balance, es decir, descontando todas las provisiones que se han realizado, incluyendo la parte proporcional de las provisiones genéricas, o volver a valorar los bienes, a precio de mercado, con la consiguiente pérdida de valor que debería ser asumida completamente por el capital del banco que los venda. En cualquier caso, el valor de los activos no debería ser superior al 40%, es decir, reconoceríamos una pérdida media del 60% del valor de los activos.

Los bancos se quedarían exclusivamente con lo créditos hipotecarios más sanos, aquellos que no han incurrido en mora, con lo que a partir de ese momento podrían volver a actuar de forma normal en el mercado, dado que habrían desaparecido los problemas de insolvencia de sus créditos y se habrían cubierto las necesidades de capital. A cambio, por el incremento de beneficios que obtuviera se cargaría un 5% adicional en el impuesto de sociedades, sin posibilidad de compensación con ninguna partida.

El pago de las cantidades acordadas se podría hacer de dos maneras: una, emitiendo deuda pública con cargo al Fondo de Estabilidad Financiera de la UE con un vencimiento de 20 años y al precio de mercado, es decir, con tipos de interés del 6%. Esto implicaría una cierta intervención de la economía española, por lo que deberíamos pactar muy bien las condiciones de acceso y presentar las garantías necesarias para que no se produzca una tutoría mayor de nuestra economía. Otra opción es que la deuda sea comprada por los propios bancos a cambio de sus activos, por lo que, al tener el aval del estado, podrían transformarla en dinero al utilizarla como colateral en el BCE. En ambos casos, la UE debería ser consciente que la situación es difícil y que la solución de nuestros problemas, tanto de déficit, como de deuda, pasan por la activación del sistema económico.

Con el dinero que recibieran los bancos, la normativa exigiría que al menos un 80% se hubiese dedicado a préstamo nuevo en un plazo no superior a seis meses, de forma que, según todos los analistas, se habrían inyectado al menos 80.000 millones de euros en préstamos al sector productivo.

Con respecto a la gestión de la sociedad, en primer lugar tendríamos que definir su estatus. Algunos analistas están hablando de ‘sociedad de gestión’ con la ventaja que quedaría fuera de la órbita del Banco de España. Yo prefiero decirlo como tal: banco. Además de tener la supervisión del BdE, al ser un banco podría acceder al mercado interbancario con plenas garantías para la obtención de fondos si fuese necesario. Y, en el futuro, podría ser el embrión de un banco público que permitiese la gestión de las crisis financieras con mayor elasticidad que las instituciones actuales.

El Banco recibiría activos de cuatro clases: pisos hipotecados con clientes en mora; pisos terminados pero sin vender; pisos en construcción; y suelo urbanizable.

Con los pisos hipotecados con clientes en mora, inicialmente no haría nada, tan sólo cobrar las cantidades adeudadas en forma de cuotas. En el caso de imposibilidad del pago, renegociaríamos las condiciones para hacerlas más flexibles. En caso de, aun así, no ser suficiente, se aplicaría la dación en pago de forma que el contrato se convirtiese en uno de alquiler durante 5 años con pacto de recompra a un precio predeterminado, generando un 20% de beneficio mínimo para la entidad, es decir, se produciría una rebaja del precio de un 40% sobre el valor inicial.

Con los pisos terminados sin vender, se haría una gestión comercial de venta con un rebaja del 50% de su valor inicial en libros. Si no se consiguiesen vender, en el plazo de un año se pasarían a una bolsa de alquileres sociales, en aquellos casos en que fuese posible, o a su explotación como alquileres turísticos para las zonas donde sea necesario.

Con los pisos en construcción, se modificarían las condiciones de los planes urbanísticos que los generaron en caso de no existir ningún promotor que los quisiera terminar para su venta. En caso de existir un promotor que quisiera continuar con la inversión en sus términos actuales, necesitaría un aval por el 100% de los costes. La norma establecería los porcentajes máximos de crédito asumibles en cada zona y, en consecuencia, el riesgo máximo que se podría producir.

Finalmente, con el suelo urbanizable, cabrían dos opciones: la primera sería la subasta del mismo en el mercado, obviamente modificando el plan urbanístico que lo desarrollaba; la segunda, el retorno a los ayuntamiento para que lo utilizasen en dotaciones para la ciudadanía o en polígonos industriales que generasen ingresos para las arcas municipales. Las dotaciones para la ciudadanía podrían ser gestionadas por empresas privadas si así lo considera conveniente el ayuntamiento que las reciba. En todo caso, no se permitiría su vuelta al mercado como suelo urbanizable en un plazo de 10 años, de forma que los ayuntamientos no se quedasen con los terrenos para volver a inflar una burbuja de precios.

En un plazo de 20 años, el banco debería haber sido capaz de liquidar los activos que asumió, por lo que perdería su razón de ser a no ser que el gobierno de turno lo mantuviese como un banco público que actuara en el mercado como cualquier banco comercial, eso sí, con los máximos estándares de solvencia establecidos por las autoridades. Con lo beneficios que se generen, que los habrá, se podría reducir el déficit público vía la obtención de ingresos por el Estado.

Si esta operación se hiciese bien, podríamos terminar con el problema financiero en un plazo muy breve de tiempo, nuestras instituciones volvería a la rentabilidad y el crédito volvería a fluir por el sistema permitiendo la financiación de proyectos que en este momento están parados, con la consiguiente mejora económica y disminución del número de parados de la economía a medio plazo.

Y alguien se preguntará, ¿de dónde sale el personal para la gestión del banco malo? La respuesta es sencilla, de los trabajadores públicos que se quiere despedir o, en su defecto, de las listas del paro, que hay casi 6 millones de personas dispuestas a ello.

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